Punto por Punto; Sábado 5 de agosto de 2017
*Corrupción y valemadrismo
El cohecho es un delito que comete una autoridad o funcionario público cuando se aprovecha de su cargo para sacar un beneficio personal o de un tercero, cuando solicita o recibe alguna dádiva y cuando en el ejercicio de su cargo comete omisiones y acciones constitutivas de un delito, una situación que ha sido recurrente en la actual administración municipal de Zapotlán el Grande, y el caso más reciente tuvo lugar con el escándalo de corrupción protagonizado por el regidor Juan Manuel Figueroa Barajas.
A pesar de que la reglamentación estatal y municipal señala que los servidores públicos no pueden ser proveedores de los ayuntamientos o del Gobierno del Estado, el regidor Juan Manuel Figueroa no se ha conformado con los casi 35 mil pesos que recibe mensualmente de salario y ha entrado como proveedor de la comuna guzmanense, vendiendo en lo que va de esta administración cerca de medio millón de pesos.
En ese sentido, el ignorante regidor ha lanzado varios argumentos afirmando que el proveedor es su hermano, que han sido presentaciones a modo de donación, que solo se trató de la venta de un piano e incluso lanzó en redes sociales un insultante “me vale madre lo que digan”, molesto por las críticas que señalaban la grave irregularidad.
Por eso habrá que recordarles a estos corruptos y “valemadristas” funcionarios del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande que el Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, dice en su Artículo 5 lo siguiente:
“Los actos o contratos sobre adquisición de bienes muebles e inmuebles, servicios o arrendamientos objeto del presente reglamento, no podrán realizarse a favor de:
- Ningún servidor público municipal o miembro de la Comisión de Adquisiciones que en cualquier forma intervenga en los mismos o tenga interés personal, familiar o de negocios; incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado; o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios; o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;
- Personas en cuyas empresas participe algún servidor público del Ayuntamiento o miembro de la Comisión de Adquisiciones, que pueda incidir directamente sobre el resultado de la adjudicación, sus cónyuges, concubinas, o concubinarios, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, ya sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o comisario.
Desde luego, este tipo de actos de corrupción también están prohibidos en la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por lo que no se trata de un error, es un acto de dolo y voracidad.
Tampoco se puede cerrar el asunto con un simple “me vale madres lo que digan” cuando el regidor está cometiendo un delito grave; se trata de un acto corrupción, ese terrible cáncer que está consumiendo a nuestro país, de un delito, que debe ser castigado conforme a la Ley.
Porque debemos ser muy claros en ese sentido, no se trata de donaciones o de ver quién da el mejor precio, se trata de respetar la Ley y Juan Figueroa no lo está haciendo, ha favorecido con jugosos pagos por casi medio millón de pesos a su hermano José Alfredo Figueroa y a su esposa Astrid del Toro, pues si sumamos sueldo y facturas a la fecha la familia Figueroa se ha llevado de las arcas municipales poco más de un millón 200 mil pesos…
Dudo que el presidente municipal o la contraloría vayan a tomar cartas en el asunto pues los malos manejos han sido el pan de cada día en esta administración, pero es urgente que este acto de corrupción sea sancionado ya que lastima las arcas municipales y sobre todo la buena fe y el orgullo de los guzmanenses, que no estamos satisfechos en recibir como respuesta un burlón “me vale madres”.
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