Punto por Punto; 13 de abril de 2019
*El complicado pleito de la Normal
El pleito por el terreno del Centro Regional de Educación Normal (CREN) es un asunto que va para largo, y que incluso podría terminar en tribunales, pues es claro no se va a resolver con las pequeñas manifestaciones de repudio, sobre todo, porque detrás de la intención de recuperar esas tierras hay un negocio millonario.
Fuera de los apasionamientos que este conflicto ha provocado, se tienen que tomar en cuenta dos factores de forma totalmente imparcial: por un lado, el Ejido Ciudad Guzmán no había dispuesto de ese espacio en disputa desde hace 59 años (en el año de 1960 fue creada la Escuela Normal de Ciudad Guzmán impartiendo solamente formación para educación primaria), y es hasta este 2019 cuando se ha disparado la demanda de vivienda como consecuencia de la agricultura protegida, y el costo del metro cuadrado en el primer cuadro de la ciudad puede alcanzar hasta los tres mil pesos, justo cuando deciden reclamarlo pues ese espacio representaría un valor del terreno en disputa del orden de los 270 millones de pesos.
Por el otro lado, están los directivos de la Normal, que en ese lapso de tiempo no tuvieron el ingenio para crear nuevos espacios y utilizar esa superficie; si bien, en esos 59 años se han construido el Centro de Educación Preescolar (1985) y el de Educación Especial en 1991, el terreno se pudo haber aprovechado para espacios de esparcimiento como pista de atletismo, canchas de usos múltiples o un polideportivo…
Hay que recordar también que la lucha por el reparto de tierras fue incluida en los preceptos de la Revolución Mexicana, pues debido al virreinato el 97 por ciento de la tierra pertenecía a rancheros y hacendados.
Las leyes agrarias quedaron plasmadas el 6 de enero de 1915 y dos años después fueron incluidas en el artículo 27 de la Constitución, pero el reparto agrario inició entre 1915 y 1920 cuando Venustiano Carranza concedió 132 mil hectáreas.
Posteriormente, Plutarco Elías Calles entregó tres millones de hectáreas durante su mandato, pero fue en 1935 cuando Lázaro Cárdenas creó la Confederación Nacional Campesina y realizó un intenso reparto de tierras que alcanzó los 18 millones de hectáreas.
Poco a poco las políticas gubernamentales se fueron alejando del proyecto, hasta que en 1992 se declaró el fin de la Reforma Agrarista, que entre 1917 y 1992 creó 30 mil ejidos y benefició a tres y medio millones de ejidatarios.
En su acepción original, “ejido” era el nombre de uno de los varios tipos de tierra y formas de propiedad que componían el patrimonio de los pueblos de Castilla en la época de la conquista española. Los ejidos eran, por lo general, bosques, dehesas o agostaderos en las afueras de los pueblos (de ahí el nombre del latín, exitus), cuya posesión y uso se hacían de manera colectiva.
En el campo la gente sabía muy bien lo que era el ejido y para qué servía, y la legislación antigua no admitía confusión al respecto; el ejido, dice el diccionario de Escriche (1874), es “el campo o tierra que está a la salida del lugar y no se planta ni se labra, y es común para todos los vecinos… Los ejidos de cada pueblo están destinados al uso común de sus moradores; nadie por consiguiente puede apropiárselos ni ganarlos por prescripción, ni edificar en ellos, ni mandarlos en legado”.
Con la reforma constitucional de 1992, la Ley Agraria reconoce y reglamenta el derecho que tienen los ejidatarios para decidir el destino de sus tierras; así, siempre que se cumpla con lo establecido en ese documento, los ejidatarios podrán vender o enajenar sus derechos parcelarios, adquirir el dominio pleno de su parcela y venderla, así como ceder los derechos de sus parcelas…
Por eso mencionamos que el asunto está bien complicado, seguramente será un pleito de varios meses y muchas manifestaciones, por lo que toca esperar que sobre la avaricia y los apasionamientos, prive siempre la inteligencia, que no se expanda el miedo ni la confusión entre la ciudadanía ni la comunidad estudiantil.
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