Bitácora Semanal, Sábado 10 de octubre de 2015
LA NOTICIA: El lunes se firmó en Atlanta, Estados Unidos, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (ATP para nosotros, TPP, por sus siglas en inglés), el tratado comercial más grande del mundo, pues afectará al 40 por ciento del comercio mundial al reducir barreras arancelarias en 12 países, que son Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Impulsado por el gobierno estadounidense con el objetivo de frenar el avance mundial de China, se llevó a cabo a lo largo de cinco años con gran sigilo y presuntamente fuertes presiones sobre algunos de los países firmantes. Es un acuerdo del cual se ha dicho que “trasciende las barreras comerciales, define normas laborales y ambientales, protege la propiedad intelectual de las multinacionales y podría remodelar industrias e influir desde los precios del queso hasta el costo del tratamiento para el cáncer”. Analistas han señalado que el ATP abrirá las puertas del mercado estadounidense -donde México tuvo una larga ventaja de 20 años cuando se concretó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- para que Japón, Malasia, Singapur y Vietnam compitan en mejores circunstancias. “Sentimos que genera riesgos para México (…) de alguna manera podrían quitarle algo de preferencia al mercado más importante que es Estados Unidos”, declaró a la prensa David Hurtado, presidente del comité de política de inversión de la Cámara Internacional del Comercio (ICC por sus siglas en inglés).
Las economías de algunos de los firmantes del nuevo acuerdo, como Malasia, Singapur o Vietnam, se caracterizan por ser economías enfocadas a la manufactura y competirán de manera directa con México para vender a Estados Unidos, pero también habrá presiones en la parte agropecuaria con naciones como Nueva Zelanda, destacó Hurtado. México tiene acuerdos de libre comercio con Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón y Perú, y de las siete naciones asiáticas que participan en el ATP, México tiene un Acuerdo de Asociación Estratégica con Japón, pero ahora tendrá acceso a seis nuevos mercados en Asia y Oceanía: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.
Sobre este acuerdo, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que “se traducirá en mayores oportunidades de inversión y empleo bien remunerado para los mexicanos”, en tanto que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que nuestro país “logró los balances adecuados entre los intereses ofensivos y las sensibilidades en áreas como la cadena autopartes-automotriz, textil-vestido y productos agropecuarios como arroz, productos cárnicos, y el sector lácteo, temas que habían demorado la conclusión de las conversaciones” y que “cada uno de los gobiernos representados en Atlanta mostró voluntad política, pragmatismo y flexibilidad en las conversaciones. México y las 11 naciones restantes hicieron historia al concluir un acuerdo con un nivel de ambición, amplitud y estándares nunca antes alcanzados”.
EL COMENTARIO: Habrá que ver las “letras pequeñas” del ATP antes de que lo ratifique el Poder Legislativo y quede por encima de las leyes mexicanas, porque acaso no sea la maravilla que nos anticipan. Según revelaciones de la ONG Public Citizien, divulgadas por los periodistas Pedro Miguel y Tania Molina, el ATP otorgará “mayores poderes a las empresas transnacionales para demandar directamente a los gobiernos firmantes en tribunales extrajudiciales (Investor-State Dispute Settlement, ISDS) conformados de manera discrecional y sin mecanismos de control, los cuales se encargarán de resolver disputas entre inversionistas y Estados por políticas nacionales”. Las empresas extranjeras “podrán exigir compensaciones, pagadas por los contribuyentes, ante acciones gubernamentales financieras, de salud, ambientales, de uso de suelo y otras”, cuando consideren que no han sido respetados los privilegios que habrá de otorgarles el propio ATP frente a compañías locales, señala un análisis a cargo de Lori Wallach y Ben Beachy, expertos de Public Citizen que exploraron las implicaciones del documento filtrado.
Con semejante marco regulatorio supranacional –que para México sería vinculante y de cumplimiento obligatorio, en caso de que la adhesión a él fuera aprobada por el Senado de la República–, las privatizaciones y concesiones ya realizadas, en curso o por realizar podrían volverse acciones irreversibles. El ATP otorgaría un blindaje jurídico adicional a las corporaciones extranjeras que, al amparo de las reformas energética y de telecomunicaciones –ya aprobadas– y de la Ley General de Aguas –que pondría en manos de particulares el manejo, la distribución y la comercialización del vital líquido– obtuvieran concesiones, explotaciones y contratos en el país, y reduciría al mínimo el margen de control gubernamental en las industrias minera, petrolera, eléctrica e hídrica, así como en la ejecución de contratos de obra pública. (La Jornada, 25/03/15).
LA NOTICIA: Al concluir su visita de cinco días a nuestro país, el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezado por su presidenta, Rose-Marie Belle Antoine, declaró que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa “no es una tragedia aislada, sino parte de la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad”; hizo un llamado urgente al Estado mexicano a esclarecer la verdad de lo ocurrido y recomendó que en consulta con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se designe un fiscal especial para la investigación y se determinen las responsabilidades penales correspondientes. Entre las recomendaciones del organismo internacional destacan la de renovar a todos los miembros del equipo investigador de la Procuraduría General de la República (PGR), trasladar la responsabilidad de las pesquisas a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales distan de las hipótesis bajo las cuales se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento, y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 batallón de infantería del Ejército.
EL COMENTARIO: Al ofrecer un informe preliminar que podría culminar con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los integrantes del pleno de la CIDH advirtieron sobre la violencia contra familiares de las víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas, “ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos”, subrayando que “la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de graves violaciones a las garantías individuales”. Agregó que también preocupan al organismo interamericano de los Derechos Humanos las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en junio de 2014 en Tlatlaya, estado de México, en enero y mayo de 2015 en Apatzingan y Tanhuato. Michoacán.
LA NOTICIA: El encargado de fijar la postura del gobierno mexicano fue el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien consideró que el informe preliminar “no refleja la situación del país”, que el caso Ayotzinapa “no es un asunto generalizado, sino un caso absolutamente extraordinario” y confió en que el reporte definitivo de la CIDH “será un informe objetivo, que refleje a plenitud la situación de nuestro país en materia de derechos humanos”. En tanto, la presidenta de Comisión Especial de Diputados para el caso Ayotzinapa, Guadalupe Murguía (PAN), informó que ya se reunieron por separado y a puerta cerrada con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), general Salvador Cienfuegos y de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González; añadió que ya tienen pactada una reunión con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y que buscarán reunirse también con el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Káram.
EL COMENTARIO: La titular de la PGR, Arely Gómez, les comentó a los diputados que se han cumplido ya 80 por ciento de las 208 peticiones que realizó el grupo de especialistas internacionales y abrió nuevas líneas de investigación, luego de que recientes diligencias arrojaron que hubo otras personas que participaron en la comisión de delitos en agravio de los normalistas.
LA NOTICIA: Sobre la reunión con el titular de la SEDENA -quien estuvo acompañado por su estado mayor-, les informó que no aceptó una reunión con el GEIE de la CIDH que investiga la desaparición de los 43 normalistas, “porque el Ejército representa la soberanía nacional, reporta a los instituciones y a los poderes de México, y ese grupo no tiene jurisdicción en México”.
EL COMENTARIO: “Legalmente, esos órganos no tienen jurisdicción en el ámbito del Ejército”, les dijo el general Cienfuegos y mencionó que si los militares no intervinieron en los hechos de Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, fue porque cuando se enteraron de la agresión a los jóvenes, ya no había flagrancia, y si algunos militares acudieron al hospital Cristina fue para preguntar a los heridos si se encontraban bien y porque ninguna autoridad civil se los pidió.
LA NOTICIA: El Juez 14 de Procesos Penales determinó el lunes la liberación de cuatro de los siete militares que estuvieron implicados en la ejecución extrajudicial de 22 presuntos criminales el 30 de julio del 2014 en una bodega del municipio de Tlatlaya, Estado de México, “debido a que el Ministerio Público Federal no aportó las pruebas suficientes para mantener en prisión a los elementos castrenses por lo que se resolvió dictar un auto de libertad”.
EL COMENTARIO: El martes, el agente del Ministerio Público Federal de la PGR, adscrito al Juzgado, presentó un recurso de apelación para impugnar el fallo, mismo que será turnado a un Tribunal Unitario de Circuito.
LA NOTICIA: “Por órdenes del gobernador Silvano Aureoles Conejo (PRD), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, en un operativo conjunto detuvieron el martes a los directores de seguridad pública municipal de Carácuaro, Tiquicheo, Huetamo, Susupuato, Nocupetaro, Juárez y Tzintzuntzán, requeridos para comparecer sobre diversas averiguaciones por hechos delictivos ocurridos en sus zonas de influencia en Tierra Caliente”.
EL COMENTARIO: Al respecto, se informó que este operativo inició en la región de Tierra Caliente y se extenderá a toda la entidad para revisar y certificar a los mandos policíacos. ¿Otro michoacanazo?
Hay más, pero se nos termina el espacio. Nos vemos la próxima semana.
About the Author
lavozsur Con 32 años de trayectoria, somos el periódico número 1 en información y análisis de la región Sur de Jalisco.
Related Posts
Bitácora Semanal #Elecciones2018; Sábado 9 de junio de 2018 →
Bitácora Semanal #Elecciones2018; Sábado 5 de mayo de 2018 →
Bitácora Semanal #Elecciones2018; Sábado 21 de abril de 2018 →
