Bitácora Semanal, Sábado 12 de Septiembre de 2015
LA NOTICIA: La muy deslavada imagen de la justicia mexicana sufrió esta semana una gran revolcada con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entregó sus conclusiones sobre el Caso Ayotzinapa y encontró numerosas inconsistencias, ocultamiento de pruebas, omisiones y extravíos que derrumbaron estrepitosamente la “verdad histórica” establecida en su momento por el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, sobre el asesinato de seis personas -cuatro de ellos estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, uno desollado-, 21 más heridos y la desaparición forzada de otros 43, durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Váyanse a casa, traten de olvidar”, les dijeron a los padres de los infortunados estudiantes, pero ellos no se conformaron. “¡Vivos se los llevaron… Vivos los queremos!”, han clamado desde entonces y, aunque lograron sacudir a la opinión pública nacional e internacional, luego de recorrer sin resultados todas las instancias jurídicas y políticas del país, recurrieron a la CIDH, que dio entrada al caso y a petición de los familiares de las víctimas, mediante un acuerdo entre ese organismo internacional y el gobierno mexicano, se comisionó a cinco expertos –Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, de Colombia; Francisco Cox, de Chile, y Carlos Beristáin, de España– para que lo investigaran a fondo.
Después de seis meses en los que analizaron a fondo las 115 mil páginas del expediente de la PGR, entrevistaron a testigos y recorrieron los puntos focales de la tragedia, entre ellos el basurero de Cocula donde Murillo Karam aseguró que “no quedó ni rastro de los 43 desaparecidos ni posibilidad de encontrar sus restos, porque fueron ejecutados y después incinerados en una enorme pira humana”, los expertos describieron los nueve escenarios en los que se desarrollaron las sucesivas agresiones, “que fueron en ascenso: desde disparos contra un autobús a su salida de la terminal hasta el secuestro de 43 y el asesinato con brutales torturas de Julio César Mondragón -desollado vivo-, en un lapso de tres horas. En distintos momentos y diferentes roles participaron en la agresión como perpetradores u observadores policías municipales de Iguala y Cocula, policías ministeriales, policías federales, soldados del 27 batallón de infantería, policía militar y militares de servicios de inteligencia”.
EL COMENTARIO: El informe del GIEI descarta versiones contenidas en los expedientes oficiales de que los estudiantes fueran “confundidos” con una banda de narcotraficantes rival de la que controla la plaza de Iguala, “Los Rojos”, ya que “todas las corporaciones tuvieron datos precisos de que eran normalistas de Ayotzinapa, a qué hora y cómo llegaron y qué hicieron en todo momento”.
Pero lo que derrumbó la “verdad histórica”, es que luego de estudiar la vegetación y la basura circundante en el basurero de Cocula, concluyeron de que es “científicamente imposible” que los 43 hayan sido calcinados pues -según dictaminó el experto en ciencias del fuego de la Universidad de Queensland, Australia, José Torero-, “la intemperie es el ambiente más ineficiente para cremar un cuerpo, ya que 30 por ciento del calor de la hoguera se irradia hacia los lados, el resto sube al aire y sólo uno por ciento se dirige al consumo del objeto a quemar. Esto, además habría necesitado de unas 30 toneladas de madera o de más de 13 mil llantas ardiendo durante 60 horas seguidas, generando una columna de humo de 300 metros -visible desde la cabecera municipal- y provocado un incendio forestal”, por todo lo cual los cinco expertos llegaron a la conclusión de que los 43 normalistas “no fueron incinerados en ese basurero” y por ello el GIEI considera que “se debe replantear la investigación y reorientar la búsqueda”.
LA NOTICIA: Al darse a conocer el Informe Ayotzinapa, los organismos internacionales Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), pidieron al gobierno mexicano “llevar a la justicia a los responsables de fallas, errores y omisiones en las investigaciones y abordar de manera inmediata las deficiencias descubiertas en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas”. El PRD, en voz de su secretaria de de derechos humanos, Carmen Vera, exigió que se reabran las investigaciones y que las pesquisas abarquen a la Policía Federal y al Ejército Mexicano; Marko Cortés, coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, consideró que el Informe Ayotzinapa dejó al descubierto “absoluta incompetencia y la falta de voluntad del gobierno federal para encontrar y castigar a los responsables” y el dirigente nacional de MORENA, Martí Batres, señaló que con este caso “el nombre de México cayó por los suelos”, que “la verdad histórica fue realmente una obstrucción a la investigación” y que el tema “es de prioridad nacional, pues está de por medio el prestigio del país”.
EL COMENTARIO: En una conferencia de prensa los familiares de los 43 demandaron prolongar de manera indefinida la presencia del grupo de expertos de la CIDH “hasta que se alcance verdad y justicia en el caso, sanción a los responsables y que aparezcan con vida los desaparecidos” y que los reciba el presidente Enrique Peña Nieto, “Queremos que dé la cara, pues no ha cumplido ninguno de los diez puntos a los que se comprometió” en la primera y única reunión que ha tenido con ellos, en octubre del año pasado.
LA NOTICIA: El presidente Enrique Peña Nieto se refirió al asunto el mismo día, en cuatro mensajes de Twitter agradeció el trabajo realizado por el GIEI y el apoyo de la CIDH, anunció que ha dado instrucciones “para que se analicen cada una de las recomendaciones presentadas” y “en las investigaciones se tomen en cuenta los elementos aportados”. También el domingo, por la tarde, la titular de la PGR, Arely Gómez declaró en conferencia de prensa que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “no es un caso cerrado”, dijo que “es un hecho que indigna y lastima a toda la sociedad, y ante lo cual las autoridades son sensibles”; aseguró que la investigación “continuará hasta sus últimas consecuencias” y que “se realizará un nuevo peritaje con expertos internacionales para aclarar si efectivamente los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula”.
EL COMENTARIO: El lunes, de gira por Puebla, Peña Nieto retomó el tema y dijo: “Soy el primero en asumir el pleno interés, no sólo como presidente de la República, sino porque la sociedad mexicana demanda y tiene razón en saber con verdad qué fue lo que ocurrió”. Anunció que propondrá a la CIDH que amplíe el mandato de sus especialistas, que “la investigación seguirá hasta saber qué fue lo que realmente pasó” y que está dispuesto a una nueva reunión con padres de los 43 en la que estén presentes los cinco expertos internacionales.
LA NOTICIA: Lástima que ha transcurrido un año y seguimos sin conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala hace un año y existen evidencias de que autoridades entorpecieron o desviaron los hechos, obligando a que vengan del exterior a corregir las injusticias locales.
EL COMENTARIO: En medio de la indignación generalizada y que brota de las redes sociales, hay quienes buscan distraer a la opinión pública y “marear” a los expertos a quienes citan los legisladores, llueven “propuestas” para fiscalías o comisiones especiales que nada resuelven y sólo enredan las cosas. Lo que se requiere es voluntad real de investigar realmente lo sucedido, encontrar a los 43 desaparecidos, conocer la verdad de lo sucedido, castigar a los culpables y a sus cómplices.
LA NOTICIA: El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, entregó esta semana a las cámaras de Diputados y Senadores el Paquete Económico 2016, que propone un ejercicio presupuestal por cuatro billones, 746 mil 945 millones 700 mil pesos y un recorte de 221 mil millones al gasto público. El funcionario federal aseguró que la caída en ingresos por la baja en los precios del petróleo será compensada con la recaudación y que no se proponen impuestos adicionales; liberación al precio de las gasolinas, con nivel de precios mínimo y máximo y que los ingresos que el Banco de México entere al gobierno por concepto de remanente de operación se destinen al menos en 70 por ciento para el pago anticipado de deuda; habrá recortes en el presupuesto para los rubros de educación, desarrollo social y procuración de justicia, pero se destinan cinco mil 500 millones de pesos para la primera etapa del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), que costará 169 mil millones.
EL COMENTARIO: Pero se mantienen los sueldazos de altos funcionarios, aunque con ligeros recortes, como es el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con ingresos anuales de seis millones 766 mil 428 mil pesos al año, tendrán reducciones salariales de cuatro mil a 13 mil pesos al año. El presidente Enrique Peña Nieto ganará dos millones 989 mil 128 pesos en el 2016, con una reducción de cinco mil 39 pesos y los titulares de la ASF, COFECE, IFETEL, INEE, INTAPP, INEGI, CNDH e INE -presidente y consejeros-, ganarán casi tres millones de pesos anuales; los senadores un millón 925 mil y los diputados un millón 432 mil 997 pesos.
LA NOTICIA: Un grupo de veteranos políticos fueron designados el miércoles en importantes cargos de la Secretaría de Gobernación: Humberto Roque Villanueva, como subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos; Arturo Escobar y Vega, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana; Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro; Ricardo Bucio, Sistema Nacional de Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Eduardo Guerrero Durán, comisionada del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; Ruth Zavaleta, directora de Participación Ciudadana; Jorge Rojo García de Alba, director del Registro Nacional de Población; y José Luis Calderón, titular del Centro Nacional de Acreditación y Certificación.
EL COMENTARIO: Destaca el autor de la “Roqueseñal” en la Cámara de Diputados, pero entre los designados figuran ex del PRI, del PVEM y del PRD. Ojalá sea para bien y no para recargar más la nómina federal.
Hay más, pero se nos termina el espacio. Nos vemos la próxima semana.
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