Bitácora Semanal, Sábado 15 de octubre de 2016
Por Alfredo PÉREZ DÍAZ
LA NOTICIA: #DesarmeGeneral. Hasta hace cuatro décadas, en casi todas las ciudades del país había armerías donde con sólo llenar una tarjeta para registro ante las autoridades, cualquiera podía adquirir una pistola, un rifle o una escopeta para su seguridad personal, la de su familia o para ir a cazar güilotas.
Cabe señalar que en aquéllos años había muchas armas, que salían a relucir, sí, sobre todo en pleitos de cantina, pero ni de lejos alcanzaba la violencia los actuales niveles: no había “levantones” , ni tantos secuestros o matanzas como ahora; no se reportaban descuartizados, ni dejaban cabezas cercenadas por doquier; había ya algún cementerio clandestino en Guerrero -la “Cueva del Diablo”, que usaba el gobernador Raúl Caballero Aburto, pero no en todas partes como ahora y México era apenas “trampolín# -según dijo alguna vez el presidente Gustavo Díaz Ordaz- para la “alberca” de las drogas en los Estados Unidos.
EL COMENTARIO: Esta medida, seguramente provocada por el miedo a una insurrección, no resolvió nada, pues al crecer la represión surgieron varios movimientos guerrilleros y el país vivió varios años de bombazos, secuestros y enfrentamientos, ya que el contrabando de armas creció por la corrupción y por el mismo fenómeno aumentó el tráfico de drogas hasta involucrar a los jóvenes, en tanto que los ciudadanos quedaron inermes.
Esto viene a cuento por la reciente propuesta del senador por Colima Jorge Luis Preciado (PAN), para que ante tanta violencia “se permita a los ciudadanos tener en la casa, negocio o en el vehículo una pistola calibre 22 o 38”, un derecho que ya figura en la Carta Magna y lo que se necesita no son nuevas leyes, sino sentido común y respetar las ya existentes.
Mire usted, llevamos algo más de 10 años de guerra contra las drogas, con un elevado saldo de muertes violentas, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 104 mil 844 en el sexenio de Felipe Calderón y 78 mil 109 -según recuento del Semanario Zeta– en la actual administración, además de 28 mil desaparecidos e incontables violaciones a derechos humanos, en cifras equiparables a las de países en franca guerra como Afganistán, Irak o Siria e incluso la milicia ha caído bajo las balas criminales, como ocurrió hace días, donde fueron masacrados cinco elementos del Ejército en Sinaloa.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de inseguridad llegó a 73.2 por ciento de la población mayor de 18 años del país, es decir que tres de cada cuatro mexicanos se sienten inseguros y como no, pues en el 2015 el 93.7 por ciento de los delitos que se cometieron en México no fueron denunciados y por lo tanto no se inició averiguación previa; ocurrieron 29.3 millones de delitos, lo que representa una tasa de 35,497 delitos por cada 100 mil habitantes; se conocieron mil 459 secuestros y el costo por la inseguridad ascendió a 236 mil millones de pesos, es decir, alrededor del 1.25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Se han incrementado también notablemente otros delitos como violaciones, asaltos, extorsiones, robos de identidad, robos a casas habitación y robo de autos. No es falta de recursos, ya que los destinados a la lucha contra el crimen se han multiplicado, lo mismo que el número de elementos destinados a ello, se crearon nuevas corporaciones como la Policía Federal (PF) y la Gendarmería, además de muchas otras estatales; una buena parte del Ejército y la Marina se ocupan en tareas policiales, pero con todo, la delincuencia organizada se ha extendido por el territorio nacional y hay varios estados donde de plano gobierna a sus anchas, cuenta con armas de alto poder como lanza-misiles, fusiles de alto calibre y metralletas, y escenifica sangrientas batallas con otros grupos armados por el control de las plazas, ante la complicidad o incompetencia de las autoridades.
Las ciudades con mayor inseguridad son Coatzacoalcos, Veracruz, Acapulco, Guerrero, Ecatepec, Chimalhuacan, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, entre ocho municipios del Estado de México.
Además, siguen insolutos casos que han conmocionado al mundo como los cinco asesinatos -uno de ellos desollado vivo- cometidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa “levantados” por policías municipales; las ejecuciones extrajudiciales de Tanhuato, Michoacán, en 2015 y la masacre del 19 de junio pasado en Nochixtlán, con ocho muertos y casi un centenar de heridos, que le costaron el cargo al Comisionado de la P.F., Enrique Galindo Ceballos y la “siembra” de pruebas por el propio director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón -para apuntalar la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam-, también separado de la PGR, pero que a pesar de todo recibió un cargo en el Consejo Nacional de Seguridad (CNS).
EL COMENTARIO: Ante la propuesta del senador Preciado, los políticos han puesto el grito en el cielo y preparan otras iniciativas “para endurecer más las leyes contra la portación de armas”, sin recordar que al crimen organizado le valen gorro las leyes y que incluso los ha surtido el propio gobierno de Estados Unidos mediante el operativo “Rápido y Furioso”.
El doctor en Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, señala que “Es falsa la tesis de que a mayor existencia de armas de fuego mayor violencia y homicidios” y cita que “La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos al evaluar 253 artículos académicos, 99 libros, 43 publicaciones e informes gubernamentales y algunos estudios empíricos no encontró que la restricción de la portación de armas de fuego implique reducción de los crímenes violentos. A la misma conclusión llegó El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos”.
Y por lo que respecta a los ciudadanos, el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos “tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”.
Ante la avalancha de denuncias penales, una escalofriante ola de violencia con ejecución de jóvenes, cadáveres descuartizados por doquier, y un enorme repudio popular, a 48 días de terminar su sexenio, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó el miércoles una solicitud de licencia para separarse del cargo “y dedicarse de tiempo completo” a su defensa.
Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo acusó de por el desvío de fondos públicos hasta por 35 mil millones de pesos y que la Procuraduría General de la República (PGR), lo investiga desde septiembre pasado por los delitos de “enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal”.
Eso no es todo, en los casi seis años del gobierno de Duarte, hay gran número de periodistas maltratados, amenazados y asesinados en Veracruz por sus críticas a este mandatario corrupto e ineficaz, como ocurrió con las muertes impunes de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, en abril de 2012 o la antropóloga y defensora de derechos humanos Nadia Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, asesinados con otras tres personas en junio del 2014 en un departamento de la Ciudad de México.
Señaladamente, los jóvenes han sido víctimas de crueles asesinatos, como ocurrió con seis en Tierra Blanca, con cinco en Papantla; los más recientes, cuatro el 29 de septiembre en Boca del Río -tres masculinos y una femenina, estudiantes de la Universidad Veracruzana-, cuyos cadáveres fueron descuartizados, les arrojaron ácido y encontrados revueltos en nueve bolsas negras. Sobre este caso, Duarte declaró: “Las drogas han penetrado en sus campus y planteles educativos, la delincuencia organizada utiliza cada día a más y más jóvenes para engancharlos a los vicios que venden, muchos de ellos se dejan seducir por recibir dinero fácil, rápido y mal habido, producto de introducir y distribuir entre sus compañeros este tipo de enervantes sin que ninguna autoridad universitaria se dé cuenta, o se quiera dar cuenta” y la comunidad universitaria rechazó su dicho parando labores y con marchas en la capital del estado y en el puerto de Veracruz.
Mas no acaba ahí la lista macabra, ya que el sábado 1 de octubre, en un camino rural del municipio de Uxpanapa, se encontraron cinco cuerpos masculinos, tres de ellos menores de edad y los otros dos de 23 y 38 años, maniatados, con huellas de tortura e impactos de bala; el lunes 10 de octubre, en la carretera Isla-Santiago, al sur de Veracruz, se encontró una camioneta con seis cadáveres, con lo cual sumaron 20 las muertes violentas en las últimas 48 horas en la entidad.
EL COMENTARIO: Este desgobernador repudiado hasta por su mismo partido, no tiene defensa alguna, pero los enterados en la política apuestan doble contra sencillo de que todo se diluirá en las próximas semanas y que Javier Duarte no pisará la cárcel.
El Papa Francisco anunció el domingo la designación del Arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes, como el sexto cardenal mexicano y el cuarto que eventualmente estaría en condiciones de elegibilidad papal por tener menos de 80 años de edad. Los otros cardenales con capacidad de electores son el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega; el arzobispo de la Ciudad de México, Norberto Rivera Carrera, y el de Morelia, Alberto Suárez Inda; mientras que los no electores son Juan Sandoval Íñiguez y Javier Lozano Barragán, ambos con 83 años.
EL COMENTARIO: Monseñor Aguiar Retes será proclamado oficialmente miembro del Colegio Cardenalicio el próximo sábado 19 de noviembre en Roma.
Hay más, pero se nos termina el espacio. Nos vemos la próxima semana.
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