Bitacora Semanal, Sábado 2 de Noviembre de 2013
LA NOTICIA: El Congreso de la Unión aprobó esta semana el paquete fiscal 2014 y la reforma hacendaria. Lo que NO se aprobó fue el IVA a colegiaturas, rentas e hipotecas; desaparecen los impuestos Empresarial a Tasa Única (IETU) y a los Depósitos en Efectivo (IDE). Los impuestos que pagaremos a partir del año entrante son: Un peso por litro a los refrescos y bebidas embotelladas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos con azúcares añadidas; cinco por ciento en la compra de alimentos “chatarra”, IVA del 16% a los alimentos para mascotas; importaciones de bienes para maquiladoras; ISR de 31% a quienes ganen más de 500 mil pesos anuales; 32% a quienes ganen más de 750 mil; 34% por más de un millón y 35% por más de tres millones. Se eliminó la consolidación fiscal y los grandes consorcios tendrán que tributar por cada una de sus empresas. No serán deducibles las prestaciones laborales como el seguro social. Se crea un impuesto especial de 7.5 para la minería; se aprobó una tasa de 10 por ciento sobre las ganancias de las personas físicas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); se eleva de 11 a 16% la tasa del Impuesto al Valor Agregado para las zonas fronterizas; se gravarán los plaguicidas con tasas que van de seis a nueve por ciento, dependiendo del peligro de la toxicidad de sus contenidos, y se sustituye el régimen de Pequeños Contribuyentes por el de Incorporación.
EL COMENTARIO: Bien por la eliminación de la consolidación fiscal y la aplicación de nuevo impuesto a la minería, que hasta ahora ha permitido evadir el pago de miles de millones a los grandes consorcios; bien que las zonas fronterizas paguen el 16 por ciento de IVA igual que el resto del país. De los nuevos impuestos, los más controversiales son para refrescos embotellados y alimentos chatarra, que impactará a todos, pues aunque es previsible una baja temporal en las ventas, seguirá el consumo catalogado entre los más altos en el mundo.
LA NOTICIA: Tres días después de que el gobernador Fausto Vallejo retornó al gobierno de Michoacán, la entidad reportó graves enfrentamientos entre miembros de las Guardias Comunitarias (GC) y presuntos Caballeros Templarios (CT), el más grave en Apatzingan, la tarde del sábado, donde unos 500 miembros de las GC llegaron a manifestarse y fueron agredidos a balazos y con granadas desde los edificios aledaños a la Plaza Principal. La violenta jornada se extendió al domingo con el incendio de varios vehículos y cinco gasolineras, demás de actos de sabotaje a 18 instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual dejó sin energía eléctrica por varias horas a casi medio millón de personas en toda la entidad, se afectó el funcionamiento de 17 pozos para el abasto de agua potable y una planta potabilizadora. Oficialmente se reportaron siete muertos, dos de ellos en enfrentamientos con militares y tres heridos, además de cinco jornaleros guerrerenses que iban a comprar víveres y fueron ejecutados en los límites con Jalisco, aunque versiones extraoficiales hablan de un total de 23 muertos. La periodista Paula Chouza, reportó los hechos bajo el título “El infierno está en Michoacán”. (El País, España, 28/10/13). El gobernador Vallejo culpó de los atentados a “los Templarios quienes habrían contado con el apoyo del cártel Jalisco Nueva Generación”. Antes de estos sucesos, el 15 de octubre pasado, el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, publicó una carta en el periódico Diocésano, denunciando que “Michoacán tiene todas las características de un Estado fallido. Los grupos criminales: Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios se lo disputan como si fuera un botín. La Costa: para la entrada de droga y los insumos de producción de las drogas sintéticas; la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera: para el cultivo de marigüana y amapola, el establecimiento de laboratorios para la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales. Las ciudades más importantes y todo el Estado: para el trasiego y comercio de la droga”. La Arquidiócesis de México publicó este fin de semana en su semanario Desde la fé, el editorial titulado “Una voz valiente”, en el cual advierte sobre los riesgos que enfrenta el obispo Patiño Velázquez tras sus denuncias; señala que “la Iglesia católica no puede dejar de exigir a las autoridades una acción decidida que ponga fin a estos actos criminales” y solicita a las autoridades implementar medidas de seguridad para salvaguardar su integridad.
EL COMENTARIO: De inmediato la PGR inició las investigaciones del caso, se reforzó la vigilancia en instalaciones energéticas de Michoacán y estados aledaños, así como los patrullajes con más de cinco mil elementos. En círculos políticos se evaluó la conveniencia o inconveniencia de pedir la desaparición de poderes, mientras que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia dijo que la violencia “deja una clara muestra de que hay una ausencia en materia de seguridad pública, una ausencia de gobierno en esa zona”.
LA NOTICIA: Nos duele, nos disgusta, pero las peores imágenes de México, potenciadas por las redes sociales y las agencias de noticias le dan actualmente la vuelta al mundo y ocupan destacados espacios en la prensa y la televisión internacionales. Lo de Michoacán hizo ver esta semana al país casi al borde de una guerra civil, lo cual sumaron algunos medios a las terribles cifras de violencia del pasado sexenio y The Economist analizó las cifras de extorsiones y secuestros para concluir que el gobierno mexicano “le está restando importancia al problema del crimen”. Nos duele, pero unas cuantas imágenes dicen más que miles de palabras y ahí están las fotos y videos de lo ocurrido el fin de semana en tierras michoacanas, a la indígena que parió en el jardín de un hospital en Oaxaca donde le negaron atención médica y últimamente la de un jornalero con la mirada perdida, envuelto en una cobija, con el pelo y la barba crecidas, quien horas antes de morir frente al Hospital General de Guaymas, Sonora, denunció con voz débil que no lo quisieron admitir porque no estaba inscrito en el Seguro Popular ni tenía dinero. Nos disgusta, pero abundan ese tipo de noticias desalentadoras que evidencian la realidad mexicana. Y si, en aparente “solución” decidieron cerrar el hospital de Jalapa de Díaz, Oaxaca, corrieron al director del hospital de Guaymas, pero no han resuelto el problema de fondo.
EL COMENTARIO: El artículo 4º. de nuestra Constitución señala que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, pero el hecho real es que los sistemas de salud ya no dan para más. Acaso se trata de un plan deliberado para propiciar una futura privatización, el hecho es que pretextando ofrecer atención médica “para todos”, la demagogia ha dañado seriamente nuestros esquemas de seguridad y no pocos hospitales se han convertido en verdaderos “tianguis de dolor”, con enfermos quejándose en el piso o en largas esperas para poder acceder a ellos. Cada vez son menos los recursos disponibles -o los desvía la corrupción-, no hay suficientes camas y a pesar de la declaración con los “Derechos del Paciente”, que se observa en los muros de casi todos los nosocomios, los médicos y las enfermeras no se dan a basto y por los malos sueldos o la saturación de pacientes, frecuentemente están de mal humor, además de aquéllos que de suyo son déspotas, groseros e incluso negligentes. Entre muchas carencias, es frecuente escuchar que no hay suficientes medicinas o que los familiares deben adquirirlos por su cuenta y qué decir de los “servicios de limpieza” en la mayoría de los centros hospitalarios -“subrogados” a empresas privadas y no tienen supervisión-, pues los “mops” -trapeadores- arrastran de un lado a otro la mugre, propiciando infecciones intrahospitalarias.
LA NOTICIA: Una vez aprobada la reforma hacendaria por el Congreso de la Unión, toca el turno en los próximos días a la energética, que por obra de las alianzas entre partidos seguirá muy probablemente el mismo camino. El domingo -levantados ya el centro de acopios para damnificados por Íngrid y Manuel y terminada la Feria del Libro-, Andrés Manuel López Obrador volvió a llenar el Zócalo, para hacer un llamado a detener lo que llamó “el pacto de la traición” y pidió una consulta ciudadana sobre el tema.
EL COMENTARIO: “No aceptamos los compromisos vergonzantes que Peña Nieto contrajo con los dueños de corporaciones extranjeras para legalizar la entrega de la renta petrolera y la privatización del sector energético en su conjunto”, dijo y anunció que si se aprueba la reforma energética presentarán demandas contra el jefe del Ejecutivo y los legisladores que la voten por el delito de “traición a la patria”.
LA NOTICIA: Se van, se van, se fueron, dejando fuerte olor a azufre. Mientras los legisladores analizan la eventual sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE), por un Instituto Nacional Electoral (INE), que centralice las funciones en esa materia en todo el país, el presidente, Leonardo Valdez Zurita y tres consejeros -Macarita Elizondo Gasperín, Francisco Javier Guerrero Aguirre y Alfredo Figueroa Fernández-, concluyeron el periodo para el cual fueron electos y se despacharon cada uno la jugosa suma de cuatro millones, 600 mil pesos, que incluyó sus prestaciones laborales, su ahorro salarial replicado por el instituto, más un “bono de marcha”. Pero además una revelación del periodista Alonso Urrutia entreabrió una cloaca que pretendían mantener oculta y que se descubrió mediante un estudio -que costó 16 millones de pesos-, de la empresa internacional Deloitte indicando que “el IFE tiene graves fallas, con duplicidad de funciones e inoperancia en áreas claves y costos onerosos por desorden administrativo, que le cuestan más de dos mil millones de pesos anuales”. (La Jornada, 28/10/13).
EL COMENTARIO: Lo presumible es que continúe la partidización de los procesos electorales, avance la centralización y lo peor de todo, que restauren la reelección para mantener a legisladores y alcaldes inútiles en sus cargos. Adicionalmente, cabe recordar que en este ambiente de incertidumbre electoral, quedan en funciones únicamente cuatro de nueve consejeros, cuando el IFE tiene pendiente la revisión de 34 solicitudes de organizaciones que pretenden convertirse en partidos políticos, cuando ya desechó antes 10 y ocho desistieron de continuar con el trámite.
Hay más, pero se nos termina el espacio. Nos vemos la próxima semana.
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