Bitácora Semanal; Sábado 22 de julio de 2017
LA NOTICIA: #ExigenRenunciaDelINE. El Instituto Nacional Electoral (INE), mantiene aún en suspenso el caso de las truculentas elecciones en el Estado de México, donde asegura que no hubo rebase de topes en los gastos de campaña y en el caso de Coahuila, dio a conocer en “cifras preliminares” que los dos candidatos rebasaron el tope de gastos de campaña en la elección para gobernador de la entidad; y que Miguel Ángel Riquelme, del PRI, se excedió en ocho por ciento y Guillermo Anaya, del PAN, en cinco por ciento, por lo cual se tiene la impresión de que están negociando, pues de acuerdo con la ley, es causa de nulidad electoral el rebase de cinco por ciento y se tendría que convocar a nuevos comicios con diferentes candidatos.
En tanto, el martes, intelectuales encabezados por el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza; el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas; el ex consejero electoral Alfredo Figueroa y los analistas Denisse Dreser y Sergio Aguayo, acusaron que la labor del INE, “tan solo corresponde a la defensa de los intereses del PRI” y por ello exigieron la renuncia de sus directivos y consejeros.
EL COMENTARIO: Cárdenas advirtió sobre “la gravedad de las ilegalidades e irregularidades observadas en los cuatro procesos electorales de este año en Veracruz, Nayarit, Coahuila y el Estado de México, pues este pudiera ser el esquema que ya se planea para las elecciones presidenciales del próximo año, por lo que es procedente la demanda de renovar completamente al INE antes de la elección que viene”.
LA NOTICIA: #ElShowDeJavidu. Las crónicas periodísticas refirieron que al salir de su celda en la prisión guatemalteca de Matamoros, el ex gobernador Javier Duarte exclamó en voz alta: “¡El show comienza! Luces, cámara, acción”.
Y sí, fue un espectáculo muy bien montado por las televisoras a lo largo del día, con abundantes detalles aunque limitadas imágenes sobre su revisión médica, la entrega para efectos de extradición a las autoridades mexicanas, el despliegue de aparatosos operativos de seguridad durante los traslados en ambos países, su ingreso al Reclusorio Norte y comparecencia ante el juez con la presencia de 30 periodistas sin cámaras ni grabadoras.
Por lo pronto, el ex gobernador de Veracruz obtuvo -en el juicio de amparo 614/17- la suspensión de las dos órdenes de aprehensión que emitió en su contra un juez de Xalapa por los delitos de peculado, coalición, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, y su actual juzgador, Gerardo Moreno García, determinó que en lo sucesivo, con base a las disposiciones en materia de justicia penal acusatoria, en las noticias relacionadas con el proceso no deberán aparecer completos su rostro -tan publicitado antes y ahora se verá con velo en los ojos-, ni sus apellidos, porque ello “podría violar su derecho a la presunción de inocencia”, y sólo se le puede identificar como “Javier N”.
Y aunque el titular de la Secretaría de Salud, José Narro, se ufanó el martes de que esa dependencia ha presentado ante la PGR 23 denuncias penales en contra de “Javier N” por desvío de 650 millones de pesos y desde que solicitó licencia para separarse del cargo se ha hablado del desvío de cientos y hasta de miles de millones de pesos, la realidad es que estas y otras denuncias son parte del show, pues no pueden ser utilizadas en contra del ex gobernador ya que no figuran en la solicitud de extradición.
En la audiencia, que se prolongó varias horas, el juez Moreno García le llamó la atención en dos ocasiones al Ministerio Público Federal (PGR), “por presentar cifras disparadas en cuanto a las acusaciones que pesan en contra del político veracruzano, ya que en este momento bajo apreciación de la defensa solamente se acredita el desvío de 38 millones 500 mil pesos de recursos destinados a programas educativos y no 438 millones, como se menciona en la acusación presentada”.
EL COMENTARIO: En dos artículos que le dedicó al tema, titulados “Duarte, ¿inocente?” y “La comedia veracruzana”, el analista Raymundo Riva Palacio señaló que “La extradición es benéfica para Duarte, que parece más un reo protegido por las autoridades mexicanas que perseguido con total cabalidad” y que “El expediente, como se dice en el argot judicial, ‘lo dejaron flojito’ para que la defensa encuentre la puerta de salida, y Duarte no se desespere. Así está la justicia mexicana”. (El Financiero, 18-19/07/17).
LA NOTICIA: #ElPasoExpress. Dos personas de nombres Juan Mena Ruiz, de 65 años, y su hijo Juan Mena Romero, de 33, salieron de su casa la madrugada del miércoles para dirigirse a su trabajo, tomaron por el libramiento de Cuernavaca, Morelos -llamado Paso Exprés– de la autopista México-Acapulco y a la altura del kilómetro 93, el auto Jetta en que viajaban cayó en un socavón de cinco metros de profundidad, la tierra cubrió al vehículo.
Como estaban atrapados sin poder salir, Mena Romero llamó con su teléfono celular a Esmeralda Gómez, quien a su vez pidió auxilio a las 5:35 de la mañana a la Unidad Estatal de Protección Civil, sin embargo, las obras de rescate iniciaron cinco horas después y demoraron otras tantas hasta que el vehículo fue extraído del hoyanco y con él dos cadáveres.
Padre e hijo estaban ya sin vida, pues según el Forense, el oxígeno en el interior del auto debió agotarse en menos de una hora y murieron por asfixia. Una terrible agonía y la tragedia puso al descubierto uno más de los casos de corrupción que agobian a México, pues el Paso Exprés lo inauguraron apenas el pasado 5 de abril el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, una obra que tuvo un costo de dos mil 200 millones de pesos -el doble de lo originalmente presupuestado y con retraso de cinco meses por las empresas constructoras Aldesa y Epccor, de cuyos propietarios, contratos y enormes beneficios han especulado mucho los medios en estos días-, y se pagaron otros siete millones de pesos a la compañía Desarrollo Integral de Productividad Empresarial, “para verificar la calidad de los trabajos”; y nueve millones 846 mil pesos a Grupo Selome “para atender el impacto y los riesgos ambientales de la construcción”.
La obra se publicitó intensamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de prensa, radio y televisión –“Las buenas obras también cuentan”, dicen- como “una construcción ejemplar, en la que se cambió de asfalto a concreto hidráulico, material mucho más resistente que garantiza una durabilidad de más de 40 años por la alta calidad de su construcción”.
De inicio, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza culpó del socavón a “la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura, acumulación extraordinaria de agua ocasionada por las intensas lluvias”, peregrina tesis que indignó a los vecinos, quienes dijeron que desde hace varios meses, mucho antes de la inauguración habían denunciado 45 fallas e irregularidades del que llaman “Paso de la Muerte” y le gritaron: “¡Asesino!”.
El caso encendió a las redes sociales, los partidos políticos de oposición exigieron la renuncia de Ruiz Esparza y el caso se extendió a los medios masivos. El funcionario federal anunció entonces el cese de ocho empleados, entre ellos el delegado de la SCT en Morelos, aseguró que el Colegio de Ingenieros dictaminará en un par de semanas las causas del hundimiento y ofreció una recompensa -que ya la establece el seguro carretero-, de un millón de pesos por cada uno de los muertos, lo cual fue rechazado por los familiares, quienes exigen justicia y castigo ejemplar para los responsables de no cimentar bien la obra y colocar concreto sin varillas.
EL COMENTARIO: Cuatro días después se registró otra muerte, cuando Omar N., de 28 años de edad, vecino de la unidad habitacional Arboledas de Chipitlán cayó de un puente angosto y frágil, de seis metros de altura, sin señalamientos y que no fue terminado por las empresas constructoras en el Paso Exprés en uno de los puntos de riesgo denunciados por los colonos. No obstante, todo parece indicar que este asunto pasará pronto al olvido y se llenará de telarañas en el voluminoso catálogo de la corrupción en México.
A propósito, el miércoles 19 de julio entró teóricamente en funciones el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aunque en el Senado de la República no pudieron ponerse de acuerdo a lo largo de varios meses respecto al nombramiento del Fiscal Anticorrupción, ni de los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que serán los encargados de sancionar a quienes incurran en actos de corrupción, pues todos los partidos quieren mano larga, y apenas 19 de los 32 estados de la República han armonizado sus leyes con las federales en la materia.
Hay más, pero se nos termina el espacio. Nos vemos la próxima semana.
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