Punto por Punto, Sábado 2 de Noviembre de 2013
Desde que inició la actual administración municipal en Zapotlán, la Dirección de Seguridad Pública y sus elementos han incurrido en una serie de irregularidades que gracias a la complacencia del presidente municipal no han sido sancionadas con la esperanza de que se vayan al olvido.
En ese sentido, un caso que debería ser ejemplo para nuestro municipio es el ocurrido en el estado de Yucatán, donde un policía municipal fue sorprendido en diálogo íntimo estando en servicio y el castigo fue realmente ejemplar. A la hora del pase de lista sus superiores lo hicieron pasar al frente, donde le retiraron las insignias de su uniforme, sus compañeros le dieron la espalda y el sujeto fue despedido.
Aquí en Zapotlán hace unas semanas un policía fue igualmente sorprendido en diálogo íntimo y no pasó nada, solo una tibia declaración de que se investigaría el caso, lo mismo ocurrió con la patrulla que fue modificada, con otra que fue chocada, con los policías asaltantes y con muchas otras situaciones irregulares que se han dado en 12 meses en nuestra ciudad, solo declaraciones tibias y ninguna acción concreta.
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Y vaya que las cosas andan mal en la comuna guzmanense, pues todo parece indicar que la administración se ha vuelto un botín a conquistar, pues ahora el municipio tiene que pagar otro laudo laboral, que desde luego saldrá de nuestros impuestos, y que es del orden de los 750 mil pesos por un trabajador despedido hace ya varios años, dejando en claro nuevamente que los abogados del municipio no están haciendo un buen trabajo pues todos los casos los han estado perdiendo.
Otra situación que causó gran molestia en el ayuntamiento de Zapotlán el Grande, fue la reciente entrega de uniformes para los empleados municipales, principalmente las damas se quejaron de la mala calidad de los uniformes y del terrible diseño que les hicieron, pues dicen que además de ser muy corrientes están de muy mal gusto.
Pero eso no es lo peor del asunto, pues extrañamente de las tres empresas que concursaron para elaborar dichos uniformes, dos de ellas de Ciudad Guzmán y una de Tlajomulco de Zúñiga la compra se hizo en el municipio foráneo, a pesar de que uno de los proveedores de esta ciudad había presentado la oferta más económica…
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El auditor, Alonso Godoy Pelayo; el ex secretario de Finanzas, Martín Mendoza y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Ruvalcaba; los ex consejeros de la Judicatura, Miguel Gutiérrez Barba, Gabriela Guadalupe de León y Enrique Villanueva; el ex consejero del Instituto Electoral, Víctor Hugo Bernal y otros ex funcionarios que en total suman 30 personas libraron el proceso de juicio político que ciudadanos solicitaron en su contra por faltas a la Ley o excederse en sus funciones.
Con votaciones divididas, el pleno del Congreso avaló desechar las solicitudes de juicio político de 25 funcionarios, tal y como lo propuso la Comisión de Responsabilidades, el presidente de esa comisión legislativa, Juan Carlos Márquez Rosas señaló que se desechaban porque quienes promovieron los juicios no aportaron pruebas suficientes para iniciar los procesos.
Y peor aún, pues a pesar de que la Comisión de Responsabilidades consideró que sí existían elementos para iniciar procedimientos de juicio político en contra de cinco ex funcionarios públicos —el ex consejero del Instituto Electoral Víctor Hugo Bernal, señalado por mantener relaciones mercantiles con un ex candidato al gobierno del Estado, Enrique Alfaro, a través de la empresa Ocean View; los ex consejeros de la Judicatura Miguel Gutiérrez Barba, Guadalupe de León Carrillo y Enrique Villanueva, acusados de llevar a cabo una sesión de la Judicatura faltando a las normas pues no estaba el entonces presidente, Celso Rodríguez, el voto en el pleno los exoneró del procedimiento en su contra.
Además, los diputados también exoneraron al titular de Comité Administrador del Programa Estatal para la Construcción de Escuelas (CAPECE), Salvador Uribe Avín, a quien se le señaló de no licitar obras, adjudicarlas directamente y beneficiar a amigos y familiares.
En estos casos, el pleno determinó, con 24 votos en contra, cinco a favor y dos abstenciones, dar marcha atrás a la propuesta de la Comisión de Responsabilidades, que determinaba que había elementos para incoar juicios políticos.
Mientras que los diputados consideraron que no había elementos para iniciar juicios políticos en contra de ex secretarios y ex funcionarios estatales, estimaron que la suerte que debían correr los ex integrantes del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez era diferente.
El ex presidente municipal, Edgar Santiago Aviña Mejía, y el cuerpo edilicio de ese Ayuntamiento de 2009 a 2012, María de Jesús Villegas Sotelo, Ana Bertha Lara Villegas, Irma Guadalupe García Cabrera, Francisco Reyes Barajas, Richard Eliud Moreno Rodríguez, Marco Antonio Mendoza Flores, Ignacio Mena Ríos y Fernando Ruiz Serrano, están señalados por no acatar la Constitución al no respetar el espacio del regidor Albertico Frías.
Para no hacer el cuento largo, tras numerosos señalamientos de corrupción y amenazas de que irían con todo, los diputados tuvieron una sesión en la que exoneraron a todos los señalados y aquí va una lista de los que hicieron mal su chamba o se fueron con las maletas llenas, pero que ya se libraron de todo cargo:
José de Jesús Reynoso, presidente del Tribunal Electoral, señalamientos: Incumplir la ley Votación: Desechado por mayoría.
Armando García Estrada, presidente del TAE, señalamientos: Permiso para que operen mototaxis Votación: Desechado por mayoría.
Sergio Carmona, ex secretario de Desarrollo Urbano, señalamientos: Realizar obras sin licitaciones Votación: Desechado por mayoría.
Martín Mendoza, ex secretario de Finanzas, señalamientos: Por la contratación del crédito quirografario Votación: Desechado por mayoría.
Alonso Godoy Pelayo, Auditor superior, señalamientos: Contratación a sobreprecio de obra Votación: 29 votos a favor de desecharlo, cinco en contra: Juan José Cuevas, Alberto Esquer, Guillermo Martínez Mora, Víctor Manuel Sánchez Orozco e Idolina Cosío y se abstuvieron Bertha Yolanda Rodríguez y Roberto Mendoza.
Ismael del Toro, presidente municipal Tlajomulco, señalamientos: Otorgar licencia municipal para manejo de residuos Votación: Desechado por mayoría.
Roberto Marrufo, Raúl Vargas, Enrique Aubry, Omar Hernández, Isaías Cortés, José María Martínez, Carlos Corona, Manuel Correa y Enrique Trejo Cargo: Ex diputados y ex funcionarios de la 29 Legislatura, señalamientos: Debido a que no entregaron información considerada como pública Votación: 29 votos a favor de desecharlo, cinco en contra: Juan José Cuevas, Alberto Esquer, Guillermo Martínez Mora, Víctor Manuel Sánchez Orozco e Idolina Cosía; se abstuvieron Jaime Díaz Brambila y Yolanda Rodríguez.
Víctor Hugo Bernal, ex consejero del IEPC, señalamientos: Mantener una relación mercantil con el ex candidato a gobernador Enrique Alfaro, en Ocean View Votación: 32 votos en contra de iniciarle el proceso; dos a favor, de los panistas Alberto Esquer y Guillermo Martínez Mora, y dos abstenciones, de los panistas Juan José Cuevas y Víctor Manuel Sánchez.
Miguel Gutiérrez Barba, Gabriela de León y Enrique Villanueva, ex consejeros de la Judicatura, señalamientos: Realizar sesión sin la presencia del presidente Votación: 34 votos en contra de iniciarle proceso y dos a favor: Juan José Cuevas y Salvador Sánchez.
Salvador Uribe Avín, ex titular del CAPECE, Señalamientos: Realizar compras sin licitaciones y beneficiar a amigos y parientes Votación: 24 votos en contra de iniciar el proceso, 10 a favor y dos abstenciones.
Hay otros casos en puerta, pero a como se están dando las cosas tampoco van a caminar, pues la Comisión de Responsabilidades del Congreso local recibió la solicitud para iniciar tres juicios políticos en contra del ex secretario General de Guadalajara, Tomás Vázquez Vigil; en contra del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Tomás Figueroa Padilla y del ex titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias.
Desafortunadamente, en el Congreso de Jalisco andan muy blanditos en los asuntos contra la corrupción, pues los diputados fijaron que hasta dentro de tres meses pasará a votación en el Congreso de Jalisco la petición de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) para fincar responsabilidades por inconsistencias correspondientes al año 2008 en la Comisión Estatal del Agua, de 706 millones 449 mil 978 pesos.
Quizá por eso la despreocupación de tantos funcionarios y tanta tranza, pues saben que finalmente la van a librar y prueba de ello es que hasta mayo de este año, en Jalisco había 10 mil 364 funcionarios omisos que no habían remitido para su revisión sus declaraciones patrimoniales iniciales, anuales o finales; para la primera semana de septiembre el número disminuyó a nueve mil 66 funcionarios que no han cumplido con el requisito.
Se nos termina el espacio, nos vemos en el siguiente Punto por Punto aquí en el municipio, el estado del no pasa nada, no sin antes recordar una frase de Manuel Domínguez Benavides: ¨Los políticos, son hombres que buscan en la dirección del Estado los recursos que no podían hallar en los negocios¨.
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