Punto por Punto, Sábado 28 de mayo de 2016
*Justicia e Injusticia Penal Acusatoria
A pesar de que la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el país ha costado al gobierno federal un total de 4 mil 182 millones 317 mil 985 pesos en seis años, hasta la fecha no se han visto resultados del todo halagadores, principalmente para las personas que han sido víctimas de algún delito.
Los estados que más recursos han recibido para implementar este sistema son la Ciudad de México, Baja California, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco con 173 millones 118 mil pesos.
En el caso de las oficinas en Zapotlán el Grande, el edificio de Juzgado Penal y Control de Oralidad contó con una inversión de 44.7 millones para las instalaciones que ya fueron puestas en marcha y que darán servicio a 20 municipios de las regiones Sur y Sureste, siendo las primeras en su tipo en toda la entidad.
Lo que ha ocurrido al paso del tiempo es que se han ventilado algunos casos donde delincuentes recurrentes han sido puestos en libertad hasta en cinco ocasiones tras haber sido capturados y llevados a la justicia, lo que puede interpretarse como un mal resultado del nuevo sistema o mal desempeño de quienes lo están implementando.
En ese sentido llama la atención las declaraciones hechas por María de los Angeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, quien asegura que la aplicación parcial del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha evitado que más de 15 mil personas en un año pisen la cárcel por cometer delitos que no se consideran graves, “cifra que no revela impunidad sino los cambios culturales y de operación que forman parte de este modelo penal”.
Por otro lado, los reportes de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación Para la Implementación del Sistema Penal revelan que sólo cuatro de las 32 entidades federativas tienen un nivel óptimo para aplicar en su totalidad la reforma y alcanzan calificaciones arriba de nueve, otros seis estados tienen preparación “alta” (de seis a ocho) para hacer frente al cambio en los modelos de justicia que se aplican en México.
Fromow Rangel admite que el Nuevo Sistema de Justicia Penal enfrenta tres debilidades: la falta de preparación de los policías que llegan primero a una escena en la que se cometió un delito, la necesidad de fortalecer a la policía de investigación en todas las procuradurías y fiscalías estatales, así como la creación de sistemas de análisis que permitan elegir mejor a las personas que sí son candidatas a una pena alterna para evitar la prisión preventiva.
Se tiene medido que la prisión preventiva ha disminuido en 12 entidades, en un año 15 mil personas menos pisaron la cárcel luego de llevar un procedimiento penal y ello implica una reducción de los costos de administración y procuración de justicia.
Y es precisamente ahí donde inicia el peloteo burocrático donde todos se echan la culpa por dejar libres a los delincuentes, por un lado se culpa a los policías por no llenar bien las actas; por el otro se culpa a las agencias del Ministerio Público por no realizar los procedimientos correctos, pero al final, el principal afectado es el ciudadano que fue víctima de algún delito y pocas veces ha encontrado justicia…
Ya en otro tema no podemos dejar de mencionar que la guerra contra el crimen organizado durante el sexenio de Felipe Calderón dejó un saldo de 121 mil 683 muertes violentas, según datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que fueron respaldados por los senadores del PRI.
Pero en el actual sexenio las cosas parecen no haber cambiado, pues según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de esta administración se tiene reporte de 60 mil ejecuciones, un promedio de mil 500 al mes.
Lamentable es que el Sur de Jalisco y en especial nuestro municipio no sean ajenos a esa violencia y que Zapotlán esté inmerso cada día en situaciones más graves, donde los números superan ya más de un ejecutado por semana y no hay autoridad que tome cartas en el asunto. Donde si bien las ejecuciones no ocurren en nuestro territorio, se trata de personas originarias de esta localidad pero abandonadas sin vida en el vecino estado de Colima.
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