*Rémoras del Gobierno y sus Pensiones Doradas
Si bien el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco tiene alrededor de 23 mil pensionados, hay una lista de personajes que han aprovechado sus puestos de primer nivel para retirarse con un atractivo subsidio que incluso rebasa los 200 mil pesos mensuales.
Es una artimaña que debería ser castigada con cárcel, pues el acceder a un puesto de primer nivel como secretario de estado, presidente municipal o diputado es una oportunidad de servir a la sociedad, pero desafortunadamente los políticos la siguen utilizando para servirse, y lo hacen a manos llenas.
La seguridad social, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se refiere a contar con un ingreso básico que permita solventar situaciones que se desprendan del desempleo, enfermedad y accidente laboral; vejez y jubilación, e invalidez y responsabilidades familiares.
Por tanto, la seguridad social comprende cuestiones de salud de los trabajadores y sus familias, así como la certeza de recibir una pensión al final de sus vidas productivas que les permita vivir dignamente la vejez; es decir, que les sea posible cubrir sus necesidades básicas.
Pero en Jalisco la clase política ha ido más allá de las necesidades básicas y se ha aprovechado de una institución que nació para ayudar a los trabajadores al servicio del Estado y literalmente, un puñado de ellos la ha venido saqueando desde hace varios años.
Son políticos de todas las corrientes ideológicas, y lo más molesto de todo es que varios de ellos siguen ostentando cargos públicos, o al salir de su puesto se despacharon con jugosos negocios como una notaría pública.
También hay que decir que el error está en la propia Ley, pues el reglamento del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco dice en su Artículo 29 que “El salario base para calcular el monto de las pensiones será el promedio de sueldo, sobresueldo y compensación, que hubiese cotizado el afiliado en el último año de servicio; en ningún caso, el monto de la pensión podrá ser menor al salario mínimo mensual, vigente en la ciudad de Guadalajara, en el momento en que se otorgue la prestación”.
También se aclara en el Artículo 30 que “Si el pensionado decidiere continuar en el servicio, deberá solicitar la suspensión de los efectos de la pensión; sin embargo, al reanudarse el beneficio, no podrá modificarse el salario base con el que se obtuvo ésta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente”.
Entonces lo que ocurre es que en los requisitos de jubilación, los empleados de gobierno deben presentar su último talón de pago para en base a ello sacar el promedio de beneficio de jubilación, y la mayoría de los funcionarios aprovechan esa situación cuando están en puestos de primer nivel como alcaldías, secretarías de estado, direcciones o diputaciones.
Es así que en estas fechas se pueden encontrar pensiones que van de los 100 mil hasta más de 200 mil pesos, pero peor aún, hay varios políticos que se encuentran pensionados y aun así en la pasada elección accedieron a un cargo público, con lo que se estarían embolsando alrededor de 400 mil pesos mensuales.
Desafortunadamente el sistema de pensiones en México está totalmente fragmentado pues en cada entidad y nivel de gobierno hay reglas y requisitos diferentes que da como resultado beneficios totalmente desiguales para la población.
Se calcula que en Jalisco son más de cien políticos los que cobran una pensión de más de cien mil pesos, y hay casos donde la prestación es superior a los 200 mil pesos mensuales.
Por eso, vale la pena apoyar la iniciativa presentada en el Congreso de Jalisco que busca frenar las pensiones doradas, pero vale decir, que se deberían también promover topes salariales y castigar a esas rémoras de la política que aprovechan sus cargos para servirse, en vez de servir.
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